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La situación no hace sino empeorar, incluso se rumorea que las manifestaciones provoquen un cambio de Gobierno hacia una solución tecnocrática PPSOE, que diera un nuevo aliento a los mercados financieros para seguir engañándonos. Ante esto, la fuerza en la calle es muy importante y hay que demostrarla sin ninguna duda, sobre todo en la dirección de no legitimar más de lo mismo, solo cambiando las caras y las promesas. Cada vez más no bastan las manifestaciones o huelgas, pues los poderes fácticos ya cuentan con ellas y están preparados.
En la enseñanza, por ejemplo, hay que pasar a tomar edificios y ponerlos a funcionar democráticamente con toda la comunidad escolar –como ya se inició con la marea verde–, y lo mismo en todos los sectores posibles. Pero aún con todo el activismo, lo crucial es que nos vayamos clarificando hacia qué alternativas políticas podemos girar.
En América Latina se la sacudieron, y algunos, como Ecuador, no pagando parte de la deuda que se consideró ilegítima. Y en Europa el caso de Islandia también es un ejemplo de que se puede no pagar esas deudas especulativas en que nos metieron. En Grecia, el programa de auditoría y no reconocimiento parcial de la deuda ha sido un salto electoral importante.
Pero para entrar en el no pago de la deuda ilegítima necesitamos más fuerza política que desborde los márgenes del bipartidismo y las peleas de los pequeños partidos por ser los más ‘auténticos’. Necesitamos que las fuerzas de las asambleas indignadas y las mareas populares se orienten más allá de lo electoral que nos divide –votos a unos u otros, o no voto– y construir un horizonte común hacia un proceso de reforma constitucional o proceso instituyente.
En primer lugar para quitar la cláusula impuesta en el Parlamento sobre la deuda. Hace falta pensar en clave del 66% de la población que no se dejó engañar por el Gobierno actual pero que aún puede estar pensando que otros partidos sí pueden dar la solución a esta crisis. Hay que recordarles a quienes confían en soluciones de este tipo que cuando Papandreu propuso un referéndum simplemente lo quitaron del Gobierno, y que cuando Syriza pudo ganar, la propuesta que se barajó en la UE fue echar a Grecia del euro.
No es cosa de un dirigente o de un partido, pues la propuesta de cambio que se enfrente a esta crisis tiene que ser más amplia. No es solo cuestión de una reforma electoral que favorezca a unos partidos u otros, sino de formas de democracias de base, participativas o radicales, donde la población pueda debatir sus iniciativas y tomar decisiones.
Es desde la fuerza y debates de la población autoorganizada como lo han iniciado en Islandia. Los partidos seguirán jugando un papel mientras haya un sector amplio de la población que confíe en que ahí hay debates ideológicos, y posibles gestores expertos.
Lo más unitario sigue siendo el “no nos representan” y pedir la auditoria a la deuda, pero son aún fórmulas de control, no tanto propositivas e ilusionantes para poder iniciar un camino de futuro unitario y transformador. Hay que ir pasando de una democracia de control de la gestión desde las bases –que de todas formas no está de más– a unas democracias de base, en las que las iniciativas de la vida cotidiana tengan un camino claro para articularse y ejecutarse por sí mismas.
Hay experiencias en el mundo que demuestran que se puede planificar participadamente, gestionar con asambleas, voluntarios y electos, y hacer seguimiento y control, también desde abajo a arriba. Este tipo de proceso constituyente es el que debemos seguir articulando. El debate político es necesario, pero no en clave ‘partidaria’, sino del nuevo modelo participativo y unitario
El descredito del gobierno ¿Proceso constituyente?
Tomás R. Villasante. Activista y Profesor Emérito de la Universidad Complutense
(original en: https://www.diagonalperiodico.net/la-plaza/descredito-del-gobierno.html)
La unidad de acción de los Grupos Constituyentes
Asamblea Ciudadana Constituyentes de Almeria
Un proceso constituyente puede articularse a través de dos procedimientos: uno es la utilización del mecanismo de reforma total de la Constitución, llevado a cabo por las Cortes Generales; el otro es la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
En el primer caso, la iniciativa para activar la reforma total de la Constitución está reservada, curiosamente, a los poderes constituidos: Congreso, Senado, Gobierno y Asambleas de las Comunidades Autónomas (artículo 167 C.E.).Y quien tiene atribuido en una teoría democrática de la constitución el poder constituyente, es decir, el pueblo, está imposibilitado de promover cualquier tipo de reforma del texto que, teóricamente, es su instrumento de limitación del poder. Sería de extrañar que los dos partidos mayoritarios planteen una reforma total del texto constitucional que debería suponer la modificación sustancial de un orden político y social con el que se sienten cómodos.
Entre otros motivos, porque ese mecanismo de reforma total prescribe que una vez el Congreso y el Senado aprobaran la propuesta de principio por mayoría de dos tercios, deberían disolverse las Cámaras y procederse a una nueva elección de las mismas para que las nuevas Cortes Generales debatieran y aprobaran el nuevo texto constitucional. La aprobación definitiva del nuevo texto constitucional necesitaría de la aceptación por el pueblo español mediante referéndum. Y ya se sabe que el miedo a oír la opinión de los ciudadanos es el que ha imposibilitado realizar reformas agravadas del texto constitucional. El miedo a la democracia de nuestra clase política es más que evidente.
La otra vía, la convocatoria de una asamblea constituyente, electa ex profeso por las ciudadanas y ciudadanos españoles, tiene algunas dificultades jurídicas y, sobre todo, políticas. Veamos las jurídicas. Nuestro ordenamiento constitucional no prevé la posibilidad de convocatoria de una asamblea constituyente. Aunque la no previsión no debe ser interpretada, desde un constitucionalismo garantista y democrático, como prohibición. Todo mecanismo no regulado constitucionalmente pero que permita una mayor participación y una redefinición más democrática de nuestro modelo constitucional no puede entenderse como contrario a la Constitución. De hecho, ¿no sería más coherente con los principios democráticos enunciados en nuestra Constitución que los ciudadanos fueran convocados expresamente a elegir representantes para modificar el texto, permitiendo que se discutiera socialmente sobre las alternativas de regulación constitucional?.
No cabe entender que exista una prohibición constitucional de convocatoria a una constituyente. Pero tampoco existe una regulación de cómo hacerlo. Así, la aprobación del mecanismo de convocatoria de una constituyente podría realizarse por una doble vía: un referéndum consultivo promovido por el presidente del Gobierno para que los ciudadanos aprobaran el mecanismo de convocatoria y funcionamiento constituyente; o la aprobación por las Cortes de una ley orgánica que regulara el procedimiento de activación.
Nos topamos otra vez con el problema político: ¿va a promover esta clase política un mecanismo de ruptura con el orden político y social existente? Y aunque así decidieran hacerlo, ¿sería confiable que establecieran las reglas de juego? En ambas vías nos enfrentamos a la cuestión central en este tema. Que curiosamente no es cómo se convoca una constituyente, sino cómo se consigue articular una mayoría social que esté dispuesta con su voto a cambiar de clase política. Que sustituya en los órganos del poder público a una clase política por una nueva que tenga como norte la auténtica representación de la voluntad popular.
Un proceso Constituyente
Roberto Viciano Pastor. Universidad de Valencia
https://www.diagonalperiodico.net/la-plaza/proceso-constituyente.html
I) Estado de la cuestión
Han transcurrido dos años desde que un grupo de ciudadanos se reunían en Sevilla y, con mucho entusiasmo y pocos medios, lanzaban la idea de crear un contrapoder al poder constituido, que se plasmó en la creación de las Asambleas Ciudadanas Constituyentes, esto es, grupos de ciudadanos que ponían en cuestión la forma como se gestó la Constitución Española de 1978 y la legitimidad de las personas que elaboraron la misma, una Constitución que, dicho sea de paso, ha hurtado la soberanía al pueblo español e impuso el sistema de partidos, en base a que “los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”.
La experiencia de estos 35 años nos ha demostrado que el sistema de partidos no expresa el pluralismo político, al no recoger las aspiraciones de todos los ciudadanos, y por marginar el actual sistema bipartidista a los partidos minoritarios y a grandes colectivos de ciudadanos que no se sienten representados por los partidos mayoritarios.
A eso hay que añadir que la estructura interna y el funcionamiento de dichos partidos han dejado de ser democráticos, al primar el clientelismo y las prebendas sobre la igualdad de oportunidades y los ideales de sus afiliados, transformándose sus órganos dirigentes en plataformas de acceso a cargos públicos bien remunerados.
Frente a este estado de cosas, surgieron las Asambleas Ciudadanas Constituyentes como “embrión de las asambleas ciudadanas municipales que deberán ser la herramienta fundamental de la soberanía popular”, que constituyen la estructura básica de nuestro movimiento.
Nuestras Asambleas persiguen “la ruptura con el sistema político vigente mediante una revolución democrática y la activación del poder constituyente como herramienta de la ciudadanía para definir un nuevo marco de relaciones sociales que adoptará la fórmula jurídica de una nueva Constitución”.
Desde aquel lejano mes de diciembre de 2010 hasta la fecha actual han ido surgiendo otros movimientos ciudadanos (Democracia Real Ya, Movimiento 15-M, Frente Cívico, Coordinadora 25-S…), con pretensión de abrir un proceso constituyente en España, con un funcionamiento asambleario y horizontal, y con unos objetivos similares a los de nuestras Asambleas, lo que debe de revertir en buscar el camino de la unidad de acción como el procedimiento más eficaz para conseguir los fines que perseguimos: la apertura de un proceso constituyente y la elaboración de una nueva Constitución hecha por el pueblo y para el pueblo.
Lo que parecía un sueño en sus comienzos, empieza a ser visto como una de las necesidades más urgentes por parte de la población española, donde más de la mitad de los españoles se han manifestado que están poco o nada satisfechos con la actual Constitución, según una encuesta del C.I.S. realizada entre los días 5 y 13 de noviembre de 2012 y publicada en el periódico “La Vanguardia” el día 5 de diciembre, con lo que se pone en evidencia la necesidad de elaborar un nuevo texto constitucional donde se lleve a la práctica el principio de que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.
II) La unión hace la fuerza
Resulta obvio que la tarea que nuestro movimiento se marcó en Cádiz debe de continuar. A este respecto, debemos de esforzarnos en promover nuevas Asambleas Ciudadanas Constituyentes en aquellos territorios donde todavía no existan. Pero también ha llegado la hora de plantearnos unir nuestros esfuerzos con otros movimientos hermanos, como 15-M, Frente Cívico, Coordinadora 25-S, que tienen un proyecto horizontal e inclusivo como el nuestro y que persiguen fines idénticos.
En esta línea se manifiesta la Declaración de Málaga elaborada mediante consenso por todas las Asamblea Ciudadanas Constituyentes de Andalucía, cuyo párrafo primero declara lo siguiente: “Las personas que componemos las Asambleas Constituyentes Ciudadanas de Andalucía nos proponemos, como desarrollo de la Declaración de Cádiz de marzo de 2012, trabajar en nuestro ámbito territorial hacia un Proceso Constituyente Ciudadano. Realizamos un llamamiento a toda la ciudadanía y a todos los colectivos a participar y a activar desde ahora un proceso constituyente de tipo permanente, múltiple y heterogéneo, desde el nivel local al internacional, pero siempre en manos del pueblo”.
En el mismo sentido, la Declaración Política de las Jornadas del Puente Constituyente celebradas en la provincia de Madrid durante los días 6 a 9 de diciembre de 2012, expresa lo siguiente: “Las personas participantes en las jornadas del Puente Constituyente, tras valorar la grave situación que atravesamos y tras un debate colectivo sobre los bloqueos que contiene el actual sistema legal y constitucional, hacemos un llamamiento a toda la sociedad a iniciar un proceso constituyente. Nos dirigimos a todas las organizaciones y movimientos sociales, mareas, asambleas populares y demás colectivos, a todas y todos los que luchamos por la defensa de nuestros derechos”.
Desde la unidad demostrada por los ciudadanos en las jornadas del 25-S al 29-S y en las manifestaciones celebradas del 23-O al 27-O, nos hemos dado cuenta que es posible sumar fuerzas y elaborar conjuntamente estrategias para la activación del poder constituyente que dé a todos los pueblos el máximo poder de decisión y autogestión posibles.
Pero también debemos de contar con otros movimientos sociales, mareas o plataformas, con objetivos y fines diferentes, que también reclaman nuestra presencia para elaborar conjuntamente una estrategia para activar el proceso constituyente. Las movilizaciones llevadas a cabo por el personal de Educación (“Marea Verde”), por los mineros (“Marea Negra”) y estos últimos días por el personal de Sanidad (“Marea Blanca”), han hecho despertar inquietudes sobre la necesidad de abrir un proceso constituyente participativo y piensan incluir dicha reivindicación en sus próximas convocatorias.
Se puede afirmar que el debate sobre los pasos a seguir para generar el proceso hacia una nueva Constitución ya está en el seno de los movimientos sociales, de algunos partidos políticos y de la ciudadanía en general. Pero es necesario conseguir el empoderamiento del pueblo.
Y para conseguirlo, es necesaria la unidad de acción de todos los movimientos ciudadanos afines, con el fin de alcanzar un objetivo común: la elaboración de una nueva Constitución. “Esta es la tarea que nos proponemos y a la que invitamos a todas y a todos, para crear un proceso constituyente de ejercicio de la soberanía popular, en el que pueda incorporarse toda la ciudadanía plenamente, como exige la Declaración de Cádiz, hacia una revolución pacífica y democrática”.
III) Relaciones con otros colectivos.
Ni qué decir tiene la importancia que en este momento cobran las relaciones de las Asociaciones Ciudadanas Constituyentes con los movimientos sociales 15-M y Coordinadora 25-S, cuyas acciones han calado profundamente en la ciudadanía.
Como se sabe, el pasado mes de diciembre se celebraron en Rivas (Madrid) las Jornadas del Puente Constituyente, en las que participaron más de 150 personas de distintas provincias españolas, que debatieron durante tres días el qué, por qué, para qué y el cómo del proceso constituyente. De dicho encuentro salieron dos documentos de una gran importancia para el desarrollo futuro de dicho proceso: la Declaración política y la Hoja de ruta.
Pues bien, entre los objetivos que se enumeran en el punto 4 de la Hoja de ruta se recoge el siguiente: “Extender el proceso constituyente a todos los territorios: llamar a constituir territorialmente grupos promotores que difundan el significado y el sentido de éste. Tras las Jornadas de Puente Constituyente, nos comprometemos a impulsar el proceso constituyente con el máximo respeto a todas las iniciativas que ya están en marcha, intentando la confluencia horizontal con todas ellas”.
Esa debe de ser tarea prioritaria de todos los colectivos implicados en la activación del proceso constituyente, que no puede tener liderazgos ni jerarquías. Es la hora de sumar adhesiones. Pero también es la hora de participar en todas las acciones reivindicativas y darles un contenido político radical orientado al proceso constituyente.
Igualmente, es de suma importancia la unidad de acción con otros movimientos sociales, como el Frente Cívico, o las distintas Mareas de ciudadanos que, sin tener como objetivo preferente la abolición de la Constitución Española de 1978, sin embargo, propugnen la derogación de la misma y su sustitución por otra de amplia base popular. Para ello hay que convencerlos “de la necesidad de converger en una alternativa global que dé salida a todas las luchas contra el desmantelamiento de los derechos sociales, políticos y de ciudadanía conseguidos en décadas: el proceso constituyente”.
Por todo ello, urge la creación de un órgano que coordine los esfuerzos de los distintos movimientos ciudadanos y señale la estrategia a seguir. Dicho órgano podría ser una Coordinadora Estatal Constituyente, que funcionaría de forma descentralizada a nivel territorial. Esto es, en cada Comunidad Autónoma habría una Coordinadora, que serviría de vínculo de unión de las iniciativas de las diferentes organizaciones, que conservarían su propia identidad, Coordinadora que estaría formada por los portavoces de los distintos colectivos integrados en ella.
IV) Todos somos constituyentes.
En estos últimos días están proliferando por todas las provincias de España reuniones de grupos y colectivos de muy diversa índole, que han confluido en una idea común: la convocatoria de una gran manifestación para el próximo día 23 de Febrero, con un lema común: “23-F. Contra el golpe de los mercados”. Sería de una grave irresponsabilidad que en la convocatoria no participaran las Asambleas Ciudadanas Constituyentes y que no se reivindicara también la apertura de un proceso constituyente.
La gran “Marea Ciudadana” que se está formando, podría servir de ensayo de esa unidad de acción de propugnamos para conseguir la ruptura del sistema político vigente y de la Constitución que lo soporta, mediante una revolución democrática y la activación del poder constituyente como herramienta de la ciudadanía para conseguir el poder real, ya que en el fondo, “todos somos constituyentes”.